Si bien no existe una medición precisa sobre el avance en el desarrollo de una economía circular en México, un estudio publicado en la Revista Internacional de Estadística y Geografía estima que el porcentaje de circularidad en el país es de apenas 15.14 por ciento. Esto quiere decir que aún falta un largo camino por recorrer.
Algunos sectores van más adelantados en la promoción de la economía circular. Por ejemplo, la producción de la industria del acero se basa en un 38 por ciento en el reciclaje y tiene una tasa de hasta 98 por ciento en la recuperación para reciclar. Y en el sector del plástico, en la actualidad el 71 por ciento de envases y empaques son reutilizables, compostables, reciclables o aprovechables.
Por el contrario, en la industria de la construcción el 78 por ciento de los residuos de construcción y demolición terminan en los vertederos y únicamente el 22 por ciento se lleva a plantas de reciclaje. Por ello, destaca el informe, es necesario reemplazar los materiales de construcción actuales por otros que sean más ecoeficientes.
La economía circular implica un cambio de fondo en el modelo de producción y consumo; se trata de extender el ciclo de vida de los productos, a través de la reparación, el reciclaje, la reutilización, la renovación, la compartición y otros mecanismos.
De acuerdo con la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe, en la región la economía circular se está reconociendo cada vez más como un modelo de desarrollo económico alternativo, resiliente y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Sin embargo, aunque cada vez hay una mayor conciencia acerca de su importancia, el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF advierte que los países deben trabajar en la implementación de estrategias de economía circular en el corto plazo y, al mismo tiempo, perseguir una visión a largo plazo.
Una parte fundamental para impulsar la circularidad es la regulación y las políticas públicas. En su reciente estudio Desbloqueando el financiamiento de la economía circular en América Latina y el Caribe: catalizador para un cambio positivo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas recomiendan a los gobiernos actualizar y cambiar sus leyes ambientales para complementar la legislación relacionada con la economía circular.
Además, los organismos internacionales consideran que las autoridades requieren crear taxonomías, definiciones y mediciones para ayudar a empresas e inversores a definir qué actividades y prácticas están alineadas con la economía circular.
México cuenta con la Ley General de Economía Circular desde 2021 y recientemente, en este 2023, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en emitir una ley en la materia. A nivel regional, la nación destaca por tener un robusto marco legal, estrategias, planes y políticas.
Destaca que es la primera ley a nivel global y nacional que aborda de manera completa el cambio hacia un modelo económico sostenible y circular. Va más allá de la simple gestión de residuos y sienta las bases para el desarrollo de alternativas económicas.
El BID y las Naciones Unidas señalan en su informe que el reto actual en el país es estructurar mecanismos que coordinen a las autoridades municipales, estatales y federales para fomentar la economía circular. Otro de los pendientes que observan las instituciones es que a nivel nacional todavía no existe una norma que prohíba el uso de bolsas plásticas, aunque los estados han actuado de forma individual para disminuir su uso.
Asimismo, se requiere tener la capacidad de medir y evaluar el progreso en el desempeño de la circularidad en diferentes contextos y ámbitos, ya que de ello depende que se puedan identificar y financiar modelos comerciales circulares. En el sector público, incluso hacen falta instrumentos de capital especializados en este sector, por lo que la asignación de recursos en la región aún es una vía de oportunidad para promover el desarrollo de la economía circular.
No obstante, el BID y Naciones Unidas advierten que “las políticas por sí solas no son suficientes, y las herramientas de apoyo, los programas de desarrollo de capacidades y el intercambio internacional de conocimientos son esenciales para pasar de la teoría a la práctica”.
En este sentido, los estudios coinciden en que el camino hacia la economía circular no depende únicamente de los gobiernos, sino que se necesita una visión compartida, en la que se involucren todos los actores de la cadena de valor: los gobiernos, las organizaciones internacionales, academia, sociedad civil, las empresas y los fabricantes.
