Por Valeria Lozano
El 19 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, marcando un hito legislativo en la transición de México hacia un modelo de producción y consumo más sostenible y competitivo.
La nueva Ley tiene por objeto impulsar políticas públicas y mecanismos que permitan aumentar la vida útil de los productos, minimizar la generación de residuos y valorizar materiales, con el fin de transformar la gestión de recursos en todos los eslabones del ciclo productivo y de consumo. Se establece que la normatividad es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y que entrará en vigor a partir del 20 de enero de 2026.
Uno de los elementos estructurales de esta Ley es la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, encargado de coordinar a los tres órdenes de gobierno (federal, estatales y municipales) para implementar y supervisar las políticas, instrumentos y metas de circularidad. En este contexto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) jugará un papel central, incluyendo la autorización del Distintivo Nacional de Economía Circular, orientado a identificar productos que cumplan con los principios y criterios de esta Ley.
La Ley también incorpora el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores a asumir responsabilidades por el impacto ambiental de sus productos durante todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta la disposición final. Este enfoque busca incentivar diseños más sostenibles y una mayor eficiencia en el uso de materiales, impulsando un cambio estructural en la manera de producir y consumir.
Entre los instrumentos previstos están la creación de un Registro de Economía Circular, una plataforma nacional de información pública y mecanismos de auditoría ambiental voluntaria, así como la inclusión formal de las personas recicladoras de base (pepenadoras) dentro del marco legal, reconociendo su aportación social y económica.
La publicación de esta Ley en el DOF representa un avance legal significativo, alineando a México con estándares internacionales de sostenibilidad y economía circular. La normativa prevé un periodo de 180 días naturales para la emisión de sus reglamentos, durante los cuales autoridades y sectores productivos deberán prepararse para su implementación efectiva.
